Licencia cripto en 137 jurisdicciones: de la solicitud a la aprobación.

Una licencia cripto es una autorización oficial para prestar legalmente servicios de negociación, intercambio y custodia de criptomonedas. Operar sin ella es ilegal en la mayoría de las jurisdicciones y puede acarrear sanciones y la pérdida de protección jurídica.

Las operaciones de intercambio de activos virtuales, la gestión de fondos cripto, los servicios de custodia y la negociación requieren una licencia de exchange cripto, una licencia de trading cripto u otros permisos, según la normativa local.

Trading cripto - cubre solo servicios de negociación e intermediación. Criptomoneda - incluye negociación, intercambio y custodia de activos. Intercambio de moneda digital - puede aplicarse solo a operaciones fiat-cripto o transfronterizas.

Definir el modelo de negocio, registrar una empresa, preparar la documentación (incluidas las políticas de AML/KYC y de seguridad informática), superar las verificaciones de los beneficiarios finales y presentar la solicitud. En algunos países existe un procedimiento simplificado para startups.

No. «Licencia cripto» es el nombre general de cualquier autorización para prestar servicios con criptoactivos. La licencia de exchange es más concreta: cubre el cambio de cripto por dinero o por otras cripto, o la gestión de una plataforma de negociación. Con MiCA ambas quedan dentro de una única autorización CASP, que se concede para los servicios concretos que solicita la empresa.

Las empresas deben presentar informes anuales, someterse a auditorías y cumplir la normativa local de tributos. En algunos casos deben satisfacer requisitos adicionales de transparencia vinculados a la licencia de criptomoneda.

Por lo general, esa autorización solo es válida en la jurisdicción donde se emite. Sin embargo, en algunos casos, como en el marco MiCA de la UE, el pasaporte permite a las empresas ofrecer servicios en toda la Unión Europea con una única licencia.

No siempre. Las normas se aplican a las empresas que prestan servicios con criptoactivos a clientes: cambio, custodia, transferencias o una plataforma de negociación. Fuera de la UE el alcance depende de la ley de cada país, y en algunos no existe ningún régimen de licencias. En Costa Rica, por ejemplo, las empresas cripto solo se inscriben ante la SUGEF para la supervisión en materia de prevención del blanqueo de capitales.

El plazo depende del país y de la preparación del solicitante, normalmente de 3 a 12 meses. En las jurisdicciones con marcos orientados a la innovación existen procedimientos acelerados.

Sí, en muchas jurisdicciones las empresas pueden modificar o ampliar su autorización existente. Por ejemplo, es posible pasar de una licencia cripto básica a un exchange cripto completo, u obtener además una licencia de inversión en criptomonedas.

Depende de dónde estén tus clientes y de qué servicios ofrezcas. Para el mercado de la UE, una autorización CASP conforme a MiCA en un Estado miembro da pasaporte a los 27: los plazos van de 3-6 meses en España a 6-12 meses en Irlanda o Luxemburgo. Fuera de la UE, VARA en Dubái tarda 4-9 meses, y Singapur y Hong Kong 9-12 meses o más. Algunos destinos que se venden como opción offshore rápida, como Costa Rica, no tienen ninguna licencia cripto.

El presupuesto tiene tres partidas. Las tasas del regulador, por la solicitud y la supervisión anual: desde unos cientos de euros en los regímenes de simple registro hasta decenas de miles donde el regulador tramita una autorización completa. El capital mínimo: con MiCA son 50.000, 125.000 o 150.000 euros según la clase de servicios, y debe mantenerse en el balance. Y la sustancia: los administradores, el responsable de cumplimiento y la oficina que el regulador espera encontrar en el país. Nuestros honorarios los indicamos tras la evaluación gratuita, cuando la jurisdicción y la lista de servicios ya están fijadas.

VASP, proveedor de servicios de activos virtuales, es el término del GAFI, y los países que siguen su Recomendación 15 registran o autorizan a los VASP con arreglo a su ley contra el blanqueo de capitales: así funcionan Georgia, Filipinas, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Seychelles. En la UE los registros nacionales de VASP han desaparecido: desde el 1 de julio de 2026 un negocio cripto necesita la autorización CASP conforme a MiCA, válida en los 27 Estados miembros. Un registro VASP fuera de la UE no da acceso al mercado europeo, y una autorización MiCA no otorga ningún estatus fuera de ella.

Una: la autorización CASP conforme a MiCA, concedida por el regulador de cualquier Estado miembro. Tiene pasaporte en los 27 países de la UE y la ESMA lleva el registro público de los proveedores autorizados. Lo que se elige no es el país sino el regulador de origen: los plazos reales van de 3-6 meses en España a 6-12 meses en Irlanda o Luxemburgo, y el capital mínimo es el mismo en todas partes. En la página de MiCA comparamos las opciones de regulador de origen.

Sí, si hablamos de una licencia regulada. Las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Seychelles tienen leyes de activos virtuales con registro o licencia, verificación de idoneidad de propietarios y directivos y supervisión AML; Santa Lucía y Vanuatu tienen sus propios regímenes. Lo que ya no existe es una licencia offshore sin regulación, y algunas jurisdicciones vendidas como rápidas no tienen licencia cripto alguna: en Costa Rica una empresa cripto solo se registra ante la SUGEF a efectos de prevención del blanqueo. Antes de una ruta offshore comprobamos dos cosas: si los bancos y los socios de pago la aceptan y si su mercado objetivo permite atender a sus residentes desde allí.

La licencia se concede a una empresa concreta con propietarios y directivos concretos, así que comprarla supone un cambio de control, y los reguladores lo aprueban de antemano: con MiCA, el adquirente de una participación cualificada se evalúa antes de cerrar la operación, y la mayoría de los demás regímenes aplican la misma regla. El plazo se acerca al de una solicitud nueva, y se hereda el historial de cumplimiento del anterior propietario. Revisamos esas ofertas antes de que el cliente pague una señal y, en la mayoría de los casos, una solicitud nueva en la misma jurisdicción resulta más limpia.