Obtenga una licencia de inversión en Uruguay.

El Banco Central del Uruguay, por medio de su Superintendencia de Servicios Financieros: autoriza a los intermediarios de valores (art. 96 de la Ley 18.627), registra a los asesores de inversión (art. 117), licencia a los gestores de portafolios al amparo de su propia Recopilación y autoriza a las administradoras de fondos por la Ley 16.774. Al corredor de bolsa lo admite además la Bolsa de Valores de Montevideo.

El asesor asesora y canaliza órdenes, sin custodia (art. 117). El gestor de portafolios administra carteras con mandato discrecional: una licencia del BCU, no una categoría legal. El intermediario de valores compra y vende por cuenta de clientes o por cuenta propia (art. 94), como corredor de bolsa en la bolsa o como agente de valores fuera de ella.

Para una AFI, patrimonio mínimo de 1 500 000 UI (art. 152 de la RNMV). Para intermediarios y gestores el piso lo fija la Superintendencia por los arts. 97 y 100 en su Recopilación, y lo confirmamos con la SSF antes de presupuestar. Lo que sí está impreso es la garantía: 2 000 000, 500 000 y 250 000 UI según la clase.

La unidad indexada, la unidad de cuenta uruguaya ajustada por inflación. La Circular 2477 fija en ella todas las garantías y exige que el depósito, los valores o el seguro de caución estén también denominados en UI, con lo que la cobertura acompaña a los precios; el umbral de inversor calificado de la Circular 2423 es de 4 000 000 UI.

La Ley 18.627 no fija plazo de resolución: el art. 96 deja a la Superintendencia valorar legalidad, oportunidad y conveniencia. La SSF lleva su propia tabla de tiempos de tramitación, así que confirmamos el calendario con ella antes de presentar y armamos el expediente para contestar cada requerimiento en su fecha.

La ley no fija regla de nacionalidad ni tope porcentual. Lo que sí exige es que los accionistas de un intermediario sean personas físicas (art. 97) y que cada emisión o transferencia de sus acciones cuente con la autorización de la SSF (art. 99), de manera que una matriz societaria necesita estructurarse antes del expediente y no después.

Directores y personal superior con capacidad legal y sin inhabilitaciones (art. 97), valorados con el estándar de aptitud, rectitud comercial y profesional del art. 100, más una estructura y unos controles internos adecuados. Las reglas sobre oficial de cumplimiento y residencia están en la Recopilación del BCU y se confirman con la SSF antes de cerrar el equipo.

IRAE del 25% sobre la renta neta fiscal (Título 4, art. 23); IRNR del 7% sobre dividendos a no residentes, 12% sobre las demás rentas y 25% para jurisdicciones de baja tributación (Título 8, art. 18); IVA del 22%, con las comisiones por la compraventa de valores públicos y privados exoneradas (Título 10, art. 38).

Uruguay compra una puerta más ligera -una licencia de asesor que puede tener una persona física, una garantía de 250 000 UI, un 25% de impuesto y un 7% sobre dividendos- hacia un mercado de 3,5 millones. Argentina compra 46 millones de personas y un plazo legal de 20 días hábiles con 65 350 UVA. Argentina imprime su calendario; Uruguay no.

Una oficina en Montevideo para el expediente ante la SSF, la garantía constituida en UI antes de presentar, el patrimonio mínimo y el calendario confirmados con la Superintendencia en lugar de supuestos, y el accionariado de personas físicas del art. 97 estructurado para una matriz extranjera desde la primera llamada.