Fundación de interés privado en Panamá: la Ley 25 de 1995 y el Registro Público.

No. La Ley 25 de 1995 no prevé licencia alguna: la fundación es persona jurídica cuando su acta fundacional se inscribe en el Registro Público (art. 9). En su lugar, la Ley 124 de 2020 somete a la supervisión de la SSNF el trabajo de los abogados con fundaciones de interés privado (art. 40).

En Panamá, al menos tres miembros, o una sola persona jurídica (art. 17), y el fundador puede ser uno de ellos (art. 5, num. 3). La Ley 25 de 1995 no exige licencia a los miembros del consejo. El filtro profesional es el agente residente, que debe ser un abogado o una firma de abogados (art. 5, num. 5).

El agente residente refrenda el acta fundacional antes de la inscripción, identifica al cliente y comprueba su identidad con documentos conforme a la Ley 2 de 2011, y registra a los beneficiarios finales. Si el cliente no facilita información, el agente puede renunciar y presentar la renuncia en el Registro Público (Ley 2 de 2011, art. 32).

La Ley 25 de 1995 fija los pasos: la firma notarial del fundador, la protocolización ante un notario de Panamá, el refrendo del agente residente y la inscripción en el Registro Público (arts. 4-9). El plazo de tramitación del Registro Público se confirma cuando presentamos el acta fundacional. En nuestra experiencia, los documentos de identificación del fundador marcan el ritmo.

El acta fundacional debe recoger al menos 10 000 B/. de patrimonio inicial. La DGI cobra una primera tasa única de 350 B/. al inscribir y 400 B/. al año después, y el Registro Público publica un derecho de calificación de 10 B/.; el derecho registral del art. 318 del Código Fiscal se confirma en el presupuesto. Nuestros honorarios en Ciudad de Panamá se comunican por escrito tras una evaluación gratuita.

Sí, cuando la transferencia se hizo en fraude de sus derechos: el art. 15 permite a esos acreedores impugnar la aportación, y sus derechos prescriben a los tres años de ella. Fuera de ese caso, los bienes solo responden de las obligaciones propias de la fundación, de los daños causados al cumplir sus fines y de los derechos legítimos de los beneficiarios, nunca de las deudas personales del fundador o de los beneficiarios (art. 11).

Según el derecho panameño, no las del domicilio del fundador o de los beneficiarios: el art. 14 dispone que esas normas no pueden oponerse a la fundación, afectar su validez ni impedirle cumplir sus fines. El art. 14 no decide cómo tratarán la donación los tribunales del país del fundador, y una causa de revocación de las donaciones aún puede deshacer la fundación (art. 12). Revisamos las normas del país de origen del fundador en cada familia.

Según la Ley 25 de 1995, cualquier beneficiario puede impugnar los actos de la fundación que perjudiquen los derechos que esta le otorga, a través del protector o directamente ante los tribunales (art. 26). El consejo informa a los beneficiarios de la situación financiera según disponga el acta fundacional (art. 18, num. 3); sus cuentas se tienen por aprobadas si nadie las objeta en 90 días, salvo que el acta fije otro plazo (art. 20).

Liechtenstein hace una cosa mejor: allí una fundación de beneficio privado deposita una notificación de constitución ante el Amt für Justiz (300 CHF) en lugar de inscribirse públicamente. A cambio pide 30 000 CHF de capital. Panamá pide 10 000 B/., inscribe el acta fundacional en un registro público y pone a un abogado entre el fundador y el Estado.

Redactamos el acta fundacional conforme al art. 5 de la Ley 25 de 1995, fijamos la forma en vida o sucesoria y llevamos los pasos del notario, el agente residente y el Registro Público como una sola secuencia, con el registro de beneficiarios finales y el calendario de la tasa única. Lo dirige nuestra oficina de Ciudad de Panamá.